Así lo indicó el Consejo de Europa en un comunicado en el que precisa que la denuncia se registró el 4 de junio y abarca los artículos 1 (derecho al trabajo), 7 (derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección), 13 (derecho a la asistencia social y médica), 15 (derecho de las personas con discapacidad a la autonomía, a la integración social y a la participación en la vida de la comunidad), 16 (derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica), 17 (derecho de los niños, niñas y adolescentes a la protección social, jurídica y económica), 27 (derecho de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato), 30 (derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social), 31 (derecho a la vivienda) y E (no discriminación) de la Carta Social Europea revisada.
ATD alega que “determinadas” disposiciones de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, “prevén toda una serie de requisitos para la concesión y el mantenimiento de esta prestación” que “violan” las disposiciones de dicha Carta.
En “particular”, se “queja” de la “insuficiencia” de los importes asignados a esta prestación, de los requisitos de edad o de residencia legal, de los plazos de asignación y de los procedimientos de revisión anual que, a su juicio, “a veces conducen a la restitución de los pagos indebidos”, lo que, según su criterio, “agrava la situación vulnerable de algunos beneficiarios”.
Por último, ha estimado que esta medida y su aplicación “confirman el trato discriminatorio de las personas más desfavorecidas de la sociedad”.
“Solicitamos una revisión exhaustiva de los procesos y la implementación de mecanismos de control más eficaces para evitar que estas injusticias se repitan”, ha reclamado.
Debido a errores cometidos por la administración pública, a los receptores de IMV se les están reclamando cobros indebidos, una situación que les ha dejado prácticamente sin recursos para subsistir, vulnerando así sus derechos fundamentales reconocidos en la Carta Social Europea, de la que España forma parte.
La entidad alega que “determinadas” disposiciones de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, “prevén toda una serie de requisitos para la concesión y el mantenimiento de esta prestación” que “violan” las disposiciones de dicha Carta.
En “particular”, se “queja” de la “insuficiencia” de los importes asignados a esta prestación, de los requisitos de edad o de residencia legal, de los plazos de asignación y de los procedimientos de revisión anual que, a su juicio, “a veces conducen a la restitución de los pagos indebidos”, lo que, según su criterio, “agrava la situación vulnerable de algunos beneficiarios”.
Por último, ha estimado que esta medida y su aplicación “confirman el trato discriminatorio de las personas más desfavorecidas de la sociedad”.
“Solicitamos una revisión exhaustiva de los procesos y la implementación de mecanismos de control más eficaces para evitar que estas injusticias se repitan”, ha reclamado.
Debido a errores cometidos por la administración pública, a los receptores de IMV se les están reclamando cobros indebidos, una situación que les ha dejado prácticamente sin recursos para subsistir, vulnerando así sus derechos fundamentales reconocidos en la Carta Social Europea, de la que España forma parte.
Algunos beneficiarios se han visto privados por completo del cobro del IMV hasta que no hayan pagado deudas que ascienden a miles de euros.
Además, estas deudas tienen carácter solidario, afectando a toda la unidad de convivencia, incluso a los menores de edad.
La deuda no se paraliza ni aunque esté en proceso judicial, sino siguen subiendo las cuantías por los intereses generados.
De hecho, a día de hoy, ya se están haciendo embargos, lo que agrava aún más la situación de estos hogares en estado de extrema vulnerabilidad.
Puede leer la denuncia interpuesta por ATD Cuarto Mundo clickeando en el siguiente enlace:
euros.
Además, estas deudas tienen carácter solidario, afectando a toda la unidad de convivencia, incluso a los menores de edad.
La deuda no se paraliza ni aunque esté en proceso judicial, sino siguen subiendo las cuantías por los intereses generados.
De hecho, a día de hoy, ya se están haciendo embargos, lo que agrava aún más la situación de estos hogares en estado de extrema vulnerabilidad.
Puede leer la denuncia en el siguiente enlace: